Familia

Derecho de familia

Para los casos en los que aun habiendo presentado una demanda de ejecución de sentencia, el alimentista sigue sin pagar y tampoco se ha podido trabar embargo sobre ningún bien de su propiedad, existe un Fondo de Garantía del Pago de Alimentos desde el año 2008.

En este caso, es el Estado quien paga las pensiones de alimentos a través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que es un fondo carente de personalidad jurídica, que tiene como finalidad garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados.

Es imprescindible para acceder a los anticipos del Fondo, que la resolución en la que se reconozcan los alimentos haya sido dictada por los Tribunales españoles y Certificación expedida por el Letrado que acredite el resultado infructuoso de la ejecución.

El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado aporte las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto de la renta del año precedente y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica.

También se puede conseguir por vía de la información que facilitan organismos oficiales, solicitado a través del Juzgado.

Nunca podemos aportar documentación personal de la otra parte (por ejemplo nóminas o correspondencia personal). No será admitida dicha documentación en el Juzgado.

Teniendo en cuenta que es evidente que las circunstancias económicas son muy volátiles y cambiantes, nuestro consejo es que en estos casos se inste una modificación de la cuantía de la pensión de alimentos que se haya fijado en la sentencia.

Para la justificación del cambio de la cuantía, hay que tener en cuenta que el cambio de circunstancias desde que se aprobaron las medidas hasta el momento de la petición de cambio, deben de considerarse como variaciones sustanciales para conseguir ese cambio, de lo contrario difícilmente podrá modificarse la cuantía.

El abono de la pensión alimenticia, debemos recordar, está fijado por una sentencia. Pues bien, es precisamente el incumplimiento de esta sentencia lo que da derecho  a la otra parte para empezar un procedimiento de ejecución y, en su caso, de embargo de bienes y derechos del obligado al pago de la misma.

Dejar de abonarla puede constituir un delito de abandono de familia que viene tipificado en el Código Penal en su artículo 227, que está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año de prisión o multa de 6 a 24 meses. Hay que tener muy presente que además de ello, a partir de ese momento, constarán ANTECEDENTES PENALES por la comisión de este delito y que ello puede llevar incluso a la perdida de la patria potestad.

Hay que recordar además, que en los supuestos de embargo, y en concreto para el embargo del salario, la ley dice que no se puede embargar en cantidad inferior al salario mínimo interprofesional, esto es poco más de 600 euros, pero esto no así en el caso de la ejecución de la sentencia por impago de la pensión alimenticia, pues en estos supuestos no se cumple el criterio de inembargabilidad de una parte de los ingresos, por lo que será el juez quién determine si embarga todos los ingresos o un porcentaje de los mismos atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

Pues en realidad no hay un plazo establecido para poder iniciar dicha reclamación, es decir, no es necesario dejar pasar dos o tres mensualidades; desde la primera mensualidad que se deje de abonar se puede presentar una demanda de ejecución de sentencia para reclamar esta cantidad.

El derecho a reclamar la pensión de alimentos nace con la reclamación judicial y una vez se dicte una resolución que obligue a su pago, por lo que no se podrán reclamar los alimentos anteriores a esa fecha de reclamación.

Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en una suma determinada, ésta se reajustará anualmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadística, o el organismo oportuno.

Es de obligado cumplimiento actualizar la pensión de alimentos anualmente, tomando como fecha de referencia la del dictado de la sentencia de separación, divorcio o disolución de pareja estable. De esta manera, la primera revisión la debemos realizar transcurrido un año natural a partir de la fecha del dictado de la sentencia, y así sucesivamente.

Lo más habitual es pactar la actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), por ello siempre será en cuantía equivalente al incremento que experimente el coste de la vida anterior e inmediato a la fecha de revisión, y normalmente de acuerdo con el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La actualización es automática, por lo que no es necesario el requerimiento a la otra parte, y no prescribe su derecho aunque hayan prescrito las pensiones no reclamadas.

En Familia Legal, puede disponer de un abogado de confianza para la reclamación de la actualización de la pensión de alimentos,  sin provisión de fondos.

Las obligaciones de los padres con sus hijos no dependen en absoluto del estado civil de éstos, y por lo tanto, la solicitud de la pensión alimenticia se puede solicitar de igual forma que si los padres estuvieran casados. En este caso también se deben regular mediante convenio todos los aspectos paterno-filiales, custodia, visitas, pensión alimenticia, uso vivienda familiar, etc.

Dicho convenio igualmente, también precisa de aprobación judicial porque llegado el caso, si se incumpliera,  estaríamos ante el incumplimiento de un contrato privado.

En los casos de que existan hijos mayores de edad, aunque éstos no estén estudiando, tendrán derecho a la pensión de alimentos  si su falta de ingresos y disponibilidad escasa de recursos que sufren no depende de su voluntad.  Por otra parte, si se acredita que los hijos mayores no rinden en sus estudios ni tampoco hacen nada por incorporarse al mercado de trabajo, el progenitor no custodio obligado al pago de la pensión de alimentos podrá solicitar la extinción de la pensión de alimentos.

Por su parte, el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos (incluidas las actualizaciones conforme al IPC el pago parcial de la pensión de alimentos) conllevaría al progenitor no custodio y obligado al pago de dicha pensión, a verse inmiscuido en el inicio de un procedimiento de ejecución .

El hecho de tener a su hijo consigo el mes de vacaciones, no exime al progenitor no custodio del abono de la pensión durante ese mes, por lo que es evidente que durante las vacaciones escolares, la pensión de alimentos debe abonarse igualmente.

La cuantía de la pensión de alimentos, se debe ajustar a las posibilidades económicas del obligado a prestarlos así como también a las necesidades de los descendientes, aparte de otras circunstancias concretas. En consecuencia, la determinación de dicha cuantía es proporcional a los recursos del progenitor que la da y a las necesidades de quien los hijos que la reciben.

En España existe un baremo orientador (no vinculante) y aplicable por todos los operadores jurídicos a nivel nacional  para determinar las cantidades que deben de abonarse en concepto de pensión de alimentos en los procesos de familia.

La reclamación de cantidades derivadas de la pensión de alimentos prescribe, en Cataluña a los TRES años, y en el resto del Estado, a los CINCO años.

La exigencia de la pensión de alimentos no tiene carácter retroactivo, y por lo tanto no se puede condenar al pago de cantidad alguna sino desde la fecha en que se interponga la demanda (en caso de los hijos menores de edad) o desde que se dicta la sentencia (en caso de hijos mayores de edad.) 

En este caso, debemos indicar que existe la posibilidad de que se hayan acordado medidas provisionalísimas o previas a la demanda de divorcio o separación, hecho que se debe de tener en cuenta para determinar desde cuando surge esta obligación de pago.

La pensión de alimentos no se extingue cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, sino que continúa la obligación de pago mientras éstos se estén formando, pongan de su parte en los estudios y no tengan recursos económicos propios.

Cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir percibiendo la pensión de alimentos (bien porque siguen estudiando o bien porque carecen de recursos propios), si en la sentencia o convenio regulador se establece que la entrega de dicha cantidad debe hacerse al cónyuge, no es aconsejable que se les abone directamente a los hijos dicha pensión. Así pues, debe seguir haciéndose el ingreso al conyugue cómo se estableció en la sentencia.

La cuestión es clara cuando los hijos son menores de edad, pero reviste la misma importancia cuando existen hijos mayores de edad que viven en el domicilio familiar y carecen de recursos propios, pues el cónyuge con el que convivan éstos estará legitimado también para reclamar la pensión de alimentos que a éstos les corresponda.

Cabe tener en cuenta también, que el progenitor que recibe la pensión de alimentos lo hace como pago delegado, con la inexcusable obligación de invertirlo en las necesidades de ese hijo mayor, siendo ese progenitor perceptor, el único legitimado para interponer posibles procedimientos judiciales para reducir, aumentar o extinguir la cuantía de la pensión.

 

Definimos a la pensión de alimentos, como un deber de asegurar la subsistencia, suponiendo entonces la existencia de dos partes: una, la acreedora (alimentista), que tiene el derecho de exigir y recibir dichos alimentos, y por otra parte, el alimentante, que tiene el deber legal y moral incluso, de prestarlos.

Cuando nos encontramos ante una separación matrimonial o divorcio, dicha obligación de prestar alimentos, consiste precisamente en el deber impuesto a uno de los conyugues frente al otro conyugue o, frente a los hijos.

Dicha pensión debe cubrir todo lo que es indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido, asistencia médica y gastos para su formación. En esta pensión, se incluyen todos los gastos considerados de carácter ordinario por ser imprescindibles, previsibles y tener periodicidad.

Contrariamente y teniendo en cuenta aquellos gastos que no se consideren imprescindibles, previsibles y no tengan esta periodicidad, se consideran gastos extraordinarios.

Los gastos extraordinarios:

Son gastos extraordinarios, aquellos no predecibles y que por lo tanto no tienen periodicidad alguna, son totalmente imprevistos.

Estos gastos pueden surgir o no, por lo tanto, no pueden ni deben estar incluidos en la cuantía establecida de pensión alimenticia. Suelen venir recogidos en la sentencia y se fija el pago de los mismos al 50% para ambos progenitores.

Es importante, que el convenio regulador recoja esta salvedad si los progenitores no acuerdan nada en relación a cómo afrontarlos.

La obligación, cuantía y forma de pago de dicha pensión de alimentos, puede ser acordada de mutuo acuerdo cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o divorcio contencioso.

Los padres tienen el deber de contribuir con los alimentos de los hijos, ya sean menores o mayores de edad, y también cuando son mayores de edad en periodo de formación y sin ingresos que les permiten tener una vida independiente.

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